Caso de Estudio
Nombre	Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad
Período	2014-2014
Palabras Clave	ley responsive
Estudiado en	Gráfica Digital 2014
Estudiado por	Javiera Ulzurrún, Cindy Sanhueza
URL	http://cindysanhueza.github.io/nueva-ley-responsive/

Antecedentes de la ley

La ley 18.314 o ley Antiterrorista^[1] fue promulgada el 16 de mayo de 1984 vigente en la constitución de 1980, periodo de dictadura militar. Década caracterizada principalmente por el aumento de protestas, las cuales, fueron sancionadas ante los juicios militares causando la promulgación de esta ley, con la finalidad de castigar de una forma más rápida y severa dichos actos.^[2]

Posteriormente una Comisión Mixta de senadores y diputados fue la que resolvió las diferencias entre ambas cámaras del Congreso en torno a las modificaciones que el Ejecutivo introdujo a la denominada Ley Antiterrorista, modificaciones que se emprendieron con el objeto de terminar con la huelga de hambre de comuneros mapuches en el sur de Chile.

El informe final fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados tuvo el voto favorable de 81 legisladores, nueve votos en contra y diez abstenciones.

¿Qué se entiende por delito terrorista en Chile?

La Real Academia de la Lengua Española define la palabra “terrorismo” como la “dominación por el terror; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir el terror”. Desde 1984 existe en Chile una ley que sanciona las conductas terroristas, así como también la colaboración con este tipo de actividades.

Conocida comúnmente como la Ley Antiterrorista ha sido modificada y perfeccionada en varias ocasiones, la última de ellas en 2005, cuando se incorporó la figura de financiamiento del terrorismo.

En concreto, se entiende por “terroristas” los delitos de homicidio, lesiones, secuestro (encierro, detención, retención de una persona en calidad de rehén y/o sustracción de menores), envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento, siempre y cuando ocurran en las siguientes circunstancias:

Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de este tipo de delitos

Que se cometa mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos, o mediante el envío de cartas, paquetes u objetos similares, de efectos explosivos o tóxicos

Que el delito sea cometido para arrancar resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias

Tomadas estas consideraciones básicas, también se incluyen en la lista de actos terroristas otros delitos:

Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes

Atentar en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, por los cargos que ejercen

Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño

La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas

Los delitos de secuestro, sea en forma de encierro o detención, sea de retención de una persona en calidad de rehén y de sustracción de menores, cometidos por una asociación ilícita terrorista, serán considerados siempre como delitos terroristas

Una de las últimas modificaciones que sufrió la norma, antes de las aprobadas recientemente en el Congreso, incorporó un artículo que especifica que aquella persona que “solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas” mencionados anteriormente, será sancionada con pena de presidio.^[3]

Principales cambios contra la conducta terrorista

Se introdujo un artículo que impide juzgar a menores de 18 años por la Ley de Conductas Terroristas, sino por la de Responsabilidad Penal Juvenil, aunque se establece como agravante de delitos terroristas, el actuar en compañía de menores de edad.

Se elimina la presunción de dolo terrorista respecto a todo delito cometido mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos y otros (el dolo debe ser probado).

Se reducen las penas para los delitos de incendio cuando éstos constituyan conductas terroristas.

Se garantiza el derecho de los acusados a que se contrainterrogue a los testigos y peritos protegidos que hayan declarado en su contra.

Se exime de responsabilidad penal el desistimiento de la tentativa de cometer algún delito terrorista, siempre que se revele el plan y las circunstancias del mismo.

Se aumentan las penas al financiamiento del terrorismo al rango entre 541 días a 5 años y 1 día de presidio.

Respecto al proyecto que restringe la competencia de los tribunales de justicia militar, traspasando todas las causas que afectan a civiles en dichas cortes a la justicia ordinaria, éste también fue aprobado por el Congreso.^[4]

Hitos

1984, se promulgue la ley que convierte cualquier acto revolucionario en una conducta terrorista, sin una investigación previa a la acusación. Se castiga severa y prematuramente, incluyendo privación de libertad y encarcelamiento durante las investigaciones.
2001, se comienza aplicar la ley en contra de comuneros mapuche que protestan por sus tierras ancestrales al sur de Chile, criminalizando su derecho a protesta y castigando de manera injustificada dichas acciones.
2010, en las investigaciones del llamado “Caso Bombas” se realizó el allanamiento de la casa okupa "Saccoy Vanzetti" y la detención de 14 personas acusadas de terrorismo. Después de 8 meses de prisión, y varios meses de libertad condicional, todos imputados fueron declarados inocentes tras un largo juicio que culminó en la Corte Suprema chilena.

Visión Internacional

Corte IDH condena al Estado de Chile por aplicación de Ley Antiterrorista a dirigentes mapuche.

Escrito el 30 julio 2014

“El fallo señala la necesidad de adecuar la legislación antiterrorista en relación a aspectos procesales como el uso de testigos protegidos y testigos con reserva, la necesidad de adecuar las prisiones preventivas que han sido usadas de manera abusiva en estos casos y que deben ir en la línea del principio de protección a la familia de manera de que quienes han sido objeto de su aplicación puedan ser visitados, y también revisar qué pasa con la proporcionalidad de la pena en relación a la interferencia de los ejercicios de derechos políticos de las personas condenadas, situaciones que el INDH ya anunció en sus informes anuales”, sostuvo la Directora del INDH, Lorena Fries.

La CorteIDH consideró que se violó el derecho a un debido proceso, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y a la libertad personal, entre otros.

La Sentencia también establece que se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios en las sentencias condenatorias, y estableció medidas de reparación para los ocho dirigentes y activistas condenados por los tribunales chilenos.^[5]

En otros países

la legislación antiterrorista no es muy diferente a la que tenemos en Chile. Los matices pueden encontrarse precisamente en lo que se define por acto terrorista.

España

El Código Penal vigente desde 1995 define a los terroristas como “los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública” cometan ataques contra edificios o infraestructura de transporte o comunicaciones mediante el uso de artefactos explosivos o mediante incendio que conlleve riesgo de lesiones o muerte”.

Estados Unidos

La llamada "Ley Patriótica" permite interceptar comunicaciones sin permiso judicial previo o controlar los libros que se solicitan en las bibliotecas, mientras que en Inglaterra está permitido el arresto domiciliario de sospechosos terroristas, nacionales o extranjeros.^[6]

Video explicativo Ley antiterrorista

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jean Pierre Matus, en entrevista con CNN Chile explicó que la Ley Antiterrorista está presente en la mayoría de los países de occidente, con la que "normalmente se agravan ciertos delitos comunes y se establece un régimen especial de penalidad, aumentándolas, porque estos atentados producen el efecto de los fines terroristas, que es provocar un temor en la población de que este tipo de cosas siga sucediendo".

Además de lo anterior, en la aplicación de esta ley en Chile existe una forma procesal distinta a la común, según explicó el experto, "hay periodos de detención más prolongado para los inculpados, facultades de investigación más incisivas y reglas especiales de arrepentimiento eficaz", afirmó Matus. Ver aquí ^[7]

Opinión pública

Extraída de Plaza Pública Cadem, primera plataforma de opinión pública en Chile que busca aportar, semana a semana, información, datos y análisis sobre los más diversos temas de interés público.^[8]

Invocación ley antiterrorista en La Araucanía – 18 julio

¿Usted cree que se debe aplicar la ley común o la ley antiterrorista a los grupos involucrados en hechos delictuales o atentados incendiarios en La Araucanía?

¿Ley común o ley antiterrorista? – 18 julio

Bomba en el Metro ¿Terrorismo o delito común? – 18 julio

¿Cree usted que la persona que colocó la bomba en la estación Los Domínicos en el metro de Santiago debería ser juzgada por la ley común o por la ley antiterrorista?

Conflicto

A favor

Ley que entrega seguridad contra ataques que atenten contra la seguridad de la ciudadanía y sea con la finalidad de producir temor justificado

Jovino Novoa “Hay que cambiar la Ley Antiterrorista porque evidentemente no ha servido a sus propósitos, pero nunca derogarla“.. “Si no repudiamos la violencia cuando está empezando, luego puede ser muy tarde para enfrentarla” "No se puede permitir que grupos minoritarios quieran terminar con el Estado chileno o quieran hacer valer sus derechos en forma violenta"^[9]

Fuad Chahín, diputado dijo no respaldar el proyecto que busca derogar ley antiterrorista y se inclinó por la opción que presentó el Gobierno, de revisar la norma a través de una comisión de expertos y modernizarla

Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior refiriéndose a los últimos atentados ocurridos en Santiago dijo “cualquier antecedente que nos permita identificar a los autores de las bombas es un dato que las policías y que la inteligencia tienen que investigar a fondo”. Y agregó que “no vamos a permitir que ningún grupo o persona se sienta con la libertad de instalar bombas. Vamos a seguir con esto hasta el final”.

En contra

Es una de las leyes más severas de Chile. Aumenta las condenas aplicables en algunos casos, dificulta la libertad provisional, permite que los fiscales no autoricen a la defensa acceso a evidencias durante un plazo de hasta seis meses y prevé que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos. Algunas disposiciones violan garantías procesales fundamentales protegidas por tratados internacionales, tales como el derecho de los acusados a interrogar a los testigos en las mismas condiciones que quienes acusan.^[10]

José Ignacio Nuñez, profesor de la U. Alberto Hurtado, dice que el cuestionamiento de la ley gira en torno a dos elementos. Primero que habría una infracción al pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de DD.HH. respecto a la existencia de los llamados testigos protegidos o “sin rostro”, ya que atentaría contra el derecho a defensa de las personas que están siendo procesadas por estos delitos. Además, se cuestiona la amplitud del tipo penal que establece la Ley Antiterrorista.

Podrían ocurrir atentados que serían comprendidos bajo el concepto de terrorismo para la doctrina internacional, o para el derecho comparado, y que no serían sancionables bajo la legislación actualmente vigente.

El exfiscal Xavier Armendáriz, quien llevó el inicio de uno de los casos más sonados de esta serie, el llamado "Caso bombas" de 2012, cree que uno de los problemas de la ley antiterrorista chilena es que no otorga ninguna herramienta especial para la investigación de los delitos, como sí existe en la ley antidrogas, por ejemplo.

El diputado Marcelo Schilling, del Partido Socialista, al argumentar la iniciativa señaló que “la ley antiterrorista se ha convertido en una ley ineficaz” debido a que “tipifica el delito por una suposición de intención, que es la de provocar temor o terror”.^[11]